Discurso pronunciado por el Dr. Oscar Arias Sánchez, Ministro de Planificación Nacional y Política Económica, en noviembre de 1973, en el Auditorio Elías Quirós Salazar de la Oficina Central del Banco Nacional de Costa Rica, en la ciudad de San José, con motivo de celebrarse el vigesimoquinto aniversario de la nacionalización bancaria.
La expansión del sector público
Uno de los fenómenos más interesantes y controvertibles de las últimas dos décadas es la expansión del sector público costarricense. En nuestros días, las funciones del gobierno y de las instituciones autónomas inciden prácticamente en todos los campos de la vida nacional, por lo que es de suma importancia para el desarrollo futuro la eficiencia con que se lleve a cabo la acción pública, por sus efectos sobre la inversión, la distribución del ingreso y la asignación de los recursos nacionales.
Esta expansión del sector público se enfrenta en la actualidad a algunas dificultades. En primer lugar, el número de instituciones y la diversidad de sus funciones demandan una cantidad de personal especializado que no está disponible. En efecto, una de las grandes fallas de nuestro sistema de enseñanza superior es que ha crecido divorciado de las necesidades que el proceso de desarrollo exige. En segundo término, a medida que la actividad pública ha crecido, algunas dependencias gubernamentales e instituciones autónomas han alcanzado escalas de operación que plantean problemas de una nueva magnitud por su naturaleza y complejidad. Finalmente, como con mucha frecuencia sucede, la autonomía institucional se ha llevado a extremos de independencia, lo cual ha puesto en peligro la concepción unitaria de las metas y objetivos de la acción pública.
Planificación y autonomía
El defecto de esta evolución es un aparato estatal formado por muchas dependencias, organismos e instituciones que conforman un sector público que se caracteriza por su debilidad tanto para llevar a cabo una programación sistemática y realista, como para coordinar y evaluar los resultados. Fue con el propósito de lograr una mayor coordinación entre el Gobierno Central y los entes autónomos que se reformó el artículo 188 de nuestra Constitución Política, hace pocos años. Dicha reforma les confirió a las instituciones descentralizadas autonomía únicamente en materia de administración, obligándolas a coordinarse con el Gobierno Central en todo lo relativo a la formulación de sus políticas. A pesar de los ingentes esfuerzos que ha realizado la Oficina de Planificación, mientras he sido su Director, por lograr una mayor coordinación, ésta no ha sido muy efectiva. Lo anterior, por cuanto, en última instancia, la coordinación implica perder poder, ya que las instituciones tendrán que imponerse ciertas limitaciones a sus posibilidades de actuar libremente. En efecto, la planificación trae una relativa pérdida de libertad: si deseamos planificar, debemos estar dispuestos a ceder parte de nuestra autonomía.
En la actualidad, la Oficina de Planificación ha preparado un nuevo proyecto de ley que le otorga los instrumentos necesarios para coordinar la acción del Gobierno Central con la de los entes descentralizados, principalmente en lo que se refiere a los programas de inversión. En general, mi pretensión ha sido contar con las armas legales que permitan una mayor centralización en la formulación de políticas y elaboración de planes y programas, así como una total descentralización en la ejecución de éstas.
El papel de los bancos
Expuestas estas ideas, podemos ahora preguntarnos qué papel juega el sistema bancario dentro de la planificación nacional. En primer lugar, debemos analizar las relaciones entre los bancos comerciales y el Banco Central. Le corresponde al Banco Central, de acuerdo con la legislación vigente y las disposiciones reglamentarias, la responsabilidad de formular la política monetaria y crediticia del país. Si bien es cierto que el Banco Central es el único responsable de la formulación de esta política, la consecución de sus objetivos depende de la forma como los bancos comerciales la ejecutan. Por ello, si no existe conformidad de parte de los bancos comerciales con la política dictada por el ente rector, aquellos pueden, en aras de su autonomía, desoír y tratar de modificar los dictados del Banco Central. Por esta razón, tiene suma importancia que en la formulación de la política monetaria y crediticia participen los bancos de operación.
Necesidad de mayor coordinación
En general, es imperativa una mayor coordinación entre el Banco Central y los bancos comerciales. La Comisión de Coordinación Bancaria debería tener facultades más amplias e importantes, de tal manera que resoluciones de esta comisión, en ciertos aspectos que habría que determinar, tengan carácter vinculante. Sería necesario, para ello, que los gerentes fueran presidentes ejecutivos y no simples «mandaderos» de sus Juntas Directivas, encargados nada más que del «eficiente y correcto funcionamiento administrativo de la Institución».
Poder Ejecutivo y Banco Central
De mayor trascendencia aún es la relación entre el Banco Central y el Poder Ejecutivo. Algunos argumentan —y esta es la tesis predominante en Costa Rica— que el Banco Central debe disfrutar de una amplia independencia en la formulación de sus políticas. Otros opinan, por el contrario, que el Banco Central, casualmente por la importancia de sus tareas, no debe actuar aisladamente, sino en concordancia con las políticas generales del Poder Ejecutivo.
En algunos países —y este es el caso de Italia, Francia y buena parte de Inglaterra—, el Poder Ejecutivo, tiene una gran injerencia en la formulación de la política monetaria. En varios países latinoamericanos, como es el caso de Colombia, sucede lo mismo. En efecto, en ese país existe una Junta Monetaria responsable de dictar la política monetaria y crediticia, integrada por el Ministro de Hacienda, el Ministro de Industria y Comercio, el Ministro de Agricultura, el Director de la Oficina de Planificación, el Director del Instituto de Comercio Exterior (el equivalente de nuestro Centro para la Promoción de las Exportaciones y las Inversiones, aunque en una versión superada), el Gerente del Banco Central y dos asesores. Además, existe un Consejo de Política Económica y Social que coordina el Presidente de la República y lo integran varios ministros de gobierno. Por lo general, este Consejo se amplía con el Gerente de la Federación de Cafetaleros, el Gerente del Banco Central, el Director del Instituto de Comercio Exterior y los dos asesores de la Junta Monetaria. Dicho Consejo, como su nombre lo indica, es el encargado de formular la política económica y social del país.
El Banco Central y el Plan Nacional de Desarrollo
En Costa Rica, el Banco Central tradicionalmente ha formulado su política monetaria en forma aislada, acogiéndose a la autonomía institucional que le confiere la Constitución Política. La legislación vigente establece que el Banco Central «promoverá el ordenado desarrollo de la economía dentro del propósito de lograr la ocupación plena de los recursos productivos de la nación, procurando evitar o moderar las tendencias inflacionistas o deflacionistas que puedan surgir en el mercado monetario y crediticio».
Por otra parte, la Ley 4646, de octubre de 1970, introdujo cambios de suma importancia al obligar al Banco Central a «coadyuvar al logro de las metas del Plan Nacional de Desarrollo en la aplicación de sus políticas generales» y, en general, a actuar en estrecha colaboración con el Poder Ejecutivo, coordinando sus esfuerzos y actividades». Infortunadamente, como todos sabemos, nunca ha existido un Plan Nacional de Desarrollo, por lo que el Banco Central en ningún momento se ha visto obligado a definir su política siguiendo los lineamientos generales de la política económica que contempla dicho Plan.
Como puede verse, si no ha habido comunicación entre el instituto emisor y el Poder Ejecutivo, ello se debe a que, en ausencia de una política clara y plasmada en un Plan de Desarrollo, no ha existido qué comunicar. La ausencia de un marco de referencia para que el ente oriente su acción, ha permitido al Banco Central, al igual que a muchas otras instituciones, actuar en completa libertad.
Consenso
¿Y si el Banco Central no está de acuerdo con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo? Creo que la repuesta a esta pregunta depende de la manera como éste se elabora. Las prioridades del Plan deben ser adoptadas después de mucha discusión entre las unidades sectoriales de las instituciones autónomas y la Oficina de Planificación. En muchas oportunidades habrá que transigir, y esta es la experiencia en el Plan que saldrá en enero próximo, pero al final se habrá conseguido el consenso. Lo anterior implica, definitivamente, que en la elaboración de un plan de desarrollo debe darse participación a todos los grupos sociales, de tal manera que éste refleje realmente el pensamiento del país.
Tampoco los bancos de operación tienen metas específicas. A veces, uno tiene la sensación de que el Sistema Bancario Nacional funciona por impulso, sin previsión ni programación alguna, sencillamente repitiendo y ampliando lo que tradicionalmente ha hecho. Otras veces, uno tiene la sensación, realmente, de que el país no se ha dado cuenta del instrumento de desarrollo que tiene en sus manos al contar con una banca nacionalizada.
La nacionalización bancaria se realizó con un doble propósito: desde el punto de vista económico, convertir al sistema bancario en un instrumento de desarrollo más dinámico; y desde el punto de vista sociopolítico, disminuir el poder del capitalismo financiero dentro de la sociedad costarricense.
Los efectos de la nacionalización bancaria
Analicemos, veinticinco años después, qué ha pasado realmente. La nacionalización de la banca no acabó con el capitalismo financiero, aunque disminuyó su gran poder. Era importante reducirles el poder de los banqueros, y esto se logró. No toda actividad económica le confiere el mismo grado de poder a su dueño. La banca, por su importancia dentro de la economía, es un fortísimo instrumento de poder, ya que el propietario agrícola, industrial y comercial depende, para su supervivencia y auge futuro, de la voluntad del banquero. Se quiso, entonces, que una función económica de tanta trascendencia como la bancaria estuviera en manos del Estado.
La nacionalización bancaria también se propuso, como señalamos anteriormente, dinamizar el sistema. Su objetivo era, como reza la ley, «evitar que haya en el país medios de producción inactivos, buscando al productor para poner a su servicio los medios económicos y técnicos de que dispone el Sistema». Cuando, veinticinco años después, nos preguntamos si el Sistema Bancario Nacional ha cumplido satisfactoriamente este objetivo, nuestra respuesta sincera es que no.
Nuestros bancos —ha dicho el Presidente Figueres— son verdaderas «casas de empeño». En la concesión de crédito, al banquero parece interesarle más la garantía y las características personales del cliente que el potencial de la empresa. Por otro lado, como no pueden cobrar tipos de interés más elevados, según el riesgo de la actividad, los bancos innovan poco, pues prefieren prestar a las actividades más tradicionales y seguras.
Si existiesen metas definidas y una clara política económica de mediano y largo plazo, nuestro sistema bancario podría ser usado principalmente para desarrollar determinadas actividades o determinadas regiones, o bien, como un instrumento para lograr una mejor distribución de los medios de la producción (si, por ejemplo, se le negara crédito al agricultor ineficiente y ausentista), o para favorecer fundamentalmente a ciertos grupos sociales (si, por ejemplo, se desea estimular al pequeño agricultor), o bien, para consolidar la actual estructura de los factores de la producción, como ocurre en el caso en que se financian ciertas actividades en forma automática.
Por otro lado, mientras el crédito se distribuya confiriéndole tanta importancia a la garantía, es indudable que estamos premiando a quienes poseen suficientes bienes. De esta manera, el crédito viene a servir fundamentalmente a las clases medias y ricas, agravándose aún más la inadecuada distribución del ingreso.
Los bancos de operación
Las anteriores consideraciones nos llevan a plantarnos la siguiente pregunta: ¿Qué persiguen realmente los bancos de operación? Algunos —como es el caso del Lic. Claudio González— opinan que el principal objetivo de los bancos es maximizar utilidades, ya que, como sucedía hasta hace unos pocos años, de éstas dependen directamente el sistema de pensiones de los funcionarios bancarios e indirectamente el nivel de sus salarios, por cuanto la institución estará más o menos dispuesta a considerar aumentos salariales según el monto de sus utilidades. Esta hipótesis, aunque muy sugestiva, no parece, sin embargo, explicar el comportamiento de nuestros bancos. En efecto, si el objetivo primordial fuese la maximización de utilidades, solo se prestaría a las actividades más rentables y seguras, y no se correrían riesgos concediendo créditos a pequeños empresarios o a empresarios de poca experiencia; tampoco se prestaría a muchos clientes por medio de innumerables agencias bancarias, ya que esto encarece la administración; y finalmente, no se prestaría a tipos de interés subsidiado.
Otra hipótesis interesante —que sostiene principalmente Eduardo Lizano— es la de que el principal objetivo de los funcionarios bancarios es maximizar el poder prestando lo más posible. El argumento es que, cuantos más clientes posea una institución, más poderoso es su gerente, ya que un mayor número de empresarios depende de él.
Préstamos bancarios y poder
¿Cuál es, en última instancia, el propósito primordial de un banco? Hemos visto, por las razones anteriormente aducidas, que el móvil principal del banquero costarricense parece no ser el lucro. También es controvertible la tesis de que nuestros funcionarios bancarios desean prestar lo más posible con el fin de maximizar poder. Debe quedar claro, no obstante, que el crecimiento exagerado de algunas instituciones nacionales las convierte en entidades sumamente poderosas, aunque casualmente, por razón de su tamaño, se tornen más ineficientes. Este puede ser el caso de instituciones como el Ministerio de Educación Pública, la Universidad de Costa Rica, el Instituto Nacional de Seguros, la Caja Costarricense de Seguro Social y el Instituto Costarricense de Electricidad. La división de estos entes definitivamente viene a resolver la inquietud de la concentración de poder, tanto gerencial como sindical, aunque plantea problemas adicionales tales como el requerimiento de una mayor burocracia, la dificultad de una mejor coordinación, la competencia innecesaria entre instituciones que prestan los mismos servicios y, en general, costos de operación más elevados.
Complejidad del desarrollo económico
Lo anterior nos lleva a concluir que no hay una respuesta fácil a la pregunta formulada: ¿Cuál es la finalidad principal del Sistema Bancario Nacional? Supongamos que el objetivo principal es lograr, como lo establece la ley actual, el desarrollo económico. Ahora bien, el crédito es un factor muy importante para el desarrollo de un pueblo, aunque no el único. Además de crédito, se requieren capacidad empresarial, tierras adecuadas, mano de obra calificada, tecnología, etc. La experiencia de las dos últimas décadas nos enseña que el desarrollo económico es algo muy complejo que no se consigue con la acción unilateral de uno de los factores de la producción.
También nos enseña que este proceso no se da en forma espontánea, sino que requiere un esfuerzo deliberado y sistemático para lograrlo. Por otro lado, este esfuerzo necesariamente habrá de ser mayor en el futuro, pues los problemas y obstáculos que el país tiene que vencer para mantener el proceso de cambio económico y social iniciado son mucho más complejos hoy que ayer.
Instrumentos de desarrollo
Aunque de una manera esquemática, analicemos qué puede —o debe— hacer el sistema bancario para impulsar el desarrollo.
En primer término, el sistema bancario debe darse cuenta de su importancia. Es necesario que cada gerente comprenda que su institución es un instrumento importantísimo para el desarrollo del país, y tenga la visión suficiente para prever tendencias y problemas futuros, y estar, así, en capacidad de adoptar medidas correctivas con la antelación necesaria.
En segundo término, debería el Sistema Bancario Nacional estar en capacidad de estimar las disponibilidades de recursos según sus diversas fuentes, con el propósito de planificar el desarrollo futuro de la institución para adecuarlo a los requerimientos de la economía.
En tercer término, en ausencia de un plan nacional de desarrollo que determine claramente cuáles son las metas y prioridades y, por lo tanto, obligue al Banco Central a adecuar su política de crédito a los objetivos del plan, como ha sido el caso hasta el presente, el Sistema Bancario Nacional debería, con el propósito de orientar mejor su política, establecer los mecanismos pertinentes para auscultar entre sus clientes los problemas y necesidades de los diferentes sectores.
En cuarto lugar, es necesario que, en la concesión del crédito, los bancos le den más importancia a la evaluación de proyectos que a la garantía, pues lo que debe pesar es la perspectiva de éxito del empresario y la importancia del préstamo para el desarrollo del país. El crecimiento de la economía no se promueve rematando bienes.
Finalmente, es de suma importancia promover estudios sobre las necesidades de personal calificado, de acuerdo con los planes de expansión de las instituciones, con el propósito de poner en práctica una política adecuada de capacitación, coordinada con las instituciones de enseñanza superior existentes.
Papel vital
En síntesis, el papel que debe jugar nuestro sistema bancario en el futuro desarrollo del país es vital. Costa Rica se siente orgullosa del proceso de cambio económico, social y político realizado en las dos últimas décadas. Hemos avanzado mucho. No obstante, queda mucho por hacer. Los problemas y valladares que debemos vencer son innumerables. Aunque brevemente, enumeraremos algunos de ellos.
Vulnerabilidad de las exportaciones
El sector externo plantea un conjunto de problemas. Las tendencias observadas en el comercio exterior en los últimos años indican que los ingresos de exportación son vulnerables en virtud de las fluctuaciones de los precios y las cantidades exportables de café y de banano, aunque en magnitudes decrecientes. Se estima que, en 1973, el valor de las exportaciones de café y banano representará más del 50% del valor total de las exportaciones. Una caída del 16% en el precio del café (como la sucedida en 1967), por ejemplo, representaría por sí sola una merma del 5% en los ingresos por exportaciones.
La deuda externa
La carga creciente de la deuda externa obliga a que el país se organice adecuadamente, para manejarla en la forma más efectiva y de acuerdo con su capacidad de pago. El actual grado de endeudamiento público con el exterior, cercano a los 250.000.000 de dólares, representa más de la cuarta parte del ingreso nacional. Si bien no se dispone de información acerca de la magnitud del endeudamiento del sector privado, se estima, de acuerdo con las cifras de la balanza de pagos, que éste sobrepasa los 200.000.000 de dólares. Parte de este endeudamiento es normal, en cuanto representa el financiamiento externo de las importaciones, y no ofrece dificultades mientras guarde relación con la capacidad de pago y esté destinado a suministrar los insumos y los bienes de capital necesarios para la producción. No obstante, un endeudamiento del sector privado de más de 200.000.000 de dólares es alto, ya que resulta, aproximadamente, del mismo orden de magnitud que el volumen de crédito administrado por el Sistema Bancario Nacional. Lo anterior exige que en el futuro la obtención de crédito esté estrechamente relacionada con las prioridades del desarrollo, y que los préstamos necesariamente reúnan las condiciones más favorables que rijan en los mercados internacionales.
La inversión extranjera
Por otra parte, el ahorro extranjero en forma de inversión directa ha crecido de manera notable en los últimos años. En el período 1959-1962, la inversión directa extranjera representó alrededor del 15% de la formación bruta de capital. Este porcentaje comenzó a incrementarse después de 1962, llegando a representar en 1967 alrededor del 23%. A partir de 1968, aumentó de nuevo. La mayor parte de esta inversión se canalizó al sector agropecuario (especialmente en la actividad bananera y muy recientemente en la ganadera), aunque en los últimos años subió de manera apreciable el flujo al sector industrial. Esto plantea la necesidad de que el país defina su política con relación al capital extranjero que se orienta a la inversión directa. A la vez, realza la prioridad que debería otorgarse a la formación y canalización de un ahorro interno creciente. El papel del Sistema Bancario Nacional en este campo es de trascendental importancia.
Estructura económica y desarrollo social
Los cambios en la estructura económica produjeron un avance importante en el desarrollo social del país, habiéndose logrado un cambio favorable en nuestra estratificación social. Los grupos medios fueron los más beneficiados con esa evolución. Sin embargo, el problema de la brecha social se mantiene. Por un lado, subsisten los sectores rezagados que no reciben en una medida justa los frutos del desarrollo; por otro, la expansión de ciertas actividades propició una concentración mayor de la propiedad.
En el medio rural es donde se observan estos hechos con mayor intensidad. En primer lugar, no obstante que la asistencia técnica ha sido canalizada en una creciente proporción hacia el pequeño empresario, la ampliación de la brecha tecnológica entre los pequeños, medianos y grandes productores deja a los primeros en una situación postergada. En segundo lugar, los estratos sociales de menores ingresos en el sector rural han sido los menos beneficiados con la expansión económica de los últimos años y muestran los índices más bajos de ingreso, educación y acceso a los servicios sociales.
El medio urbano, por su parte, muestra transformaciones de gran magnitud. Los grupos empresariales urbanos se han diversificado como corolario del crecimiento económico en la industria, el comercio y los servicios. Sin embargo, no existen estudios que hagan posible determinar si en realidad se trata de grupos nuevos que han aprovechado las oportunidades recientes de inversión, o si se trata, simplemente, de la diversificación de las actividades de los grupos tradicionales.
Los estratos medios, en la actualidad, comprenden una proporción mayor de la población y, dentro de ellos, ha aumentado la participación de los asalariados, tanto en el sector privado como en el público, en comparación con los que dependen de actividades propias. La capacidad de organización y la presión de los estratos medias asalariados sobre el sistema político les ha permitido absorber una proporción considerable del ingreso nacional. A la vez, la expansión del sector industrial ha creado un gran número de obreros industriales bien remunerados en las empresas modernas y, por otro lado, ha reducido aún más la importancia del artesanado.
La brecha social
En síntesis, el problema de la brecha social se mantiene vigente, pese a la expansión económica del país en la última década y a los esfuerzos realizados por medio del sector público para atenuarlo. En lo futuro, tendremos que mantener el ritmo de crecimiento y encontrar nuevos métodos de distribución para asegurar que los beneficios del desarrollo efectivamente fluyan hacia los grupos más necesitados.
Patrones de consumo
En los últimos años se observa la aparición de algunos elementos nuevos en los patrones de consumo y el estilo de vida nacional. En materia de consumo, se ha visto que el país adopta cada vez más las modalidades de consumo de sociedades más ricas. En particular, se nota un crecimiento considerable de los bienes de consumo durables, gran parte de ellos importados y de carácter suntuario. Consciente de la necesidad de restringir este tipo de consumo, para facilitar una mayor formación de capital por medio del ahorro nacional, en años recientes del país siguió una política tributaria que encarece el precio de este tipo de bienes. No obstante, dicho consumo continuó aumentando, en parte por el «efecto de demostración» de los países más desarrollados y el mayor acceso a los medios de comunicación. También —y es conveniente resaltarlo en un foro como éste— por las nuevas oportunidades crediticias que ofrecieron, tanto las financieras privadas como las estatales. En general, es indudable que, si deseamos ofrecerles a las mayorías del mañana el consumo de lo estricto e indispensable para vivir más dignamente, es necesario disminuirles a las minorías de hoy el consumo de lo frívolo e inútil.
Turismo y recursos naturales
Un problema más reciente, aunque no menos importante, es la compra de terrenos, principalmente por compañías extranjeras, para fines turísticos y especulativos en las playas nacionales, en forma desordenada y bajo un régimen legal inadecuado. Este es un campo en el cual es indispensable definir una clara política nacional, que permita un desarrollo del turismo en forma apropiada y regule el uso de los recursos naturales del país.
Proceso de urbanización y éxodo rural
Costa Rica ha tenido, hasta el momento, bastante éxito para evitar el éxodo rural y el consecuente proceso de urbanización muy acentuado, tan característico en muchos países latinoamericanos. El desarrollo vigoroso de la agricultura ha permitido retener la fuerza de trabajo en las zonas rurales. Sin embargo, el país corre el peligro de que esta situación cambie, debido a las dificultades de obtener nuevas tierras así como a la presión demográfica. Además, se presentará a corto plazo la consolidación de varios núcleos de población alrededor de la ciudad capital, con la cual se formará un conglomerado urbano que se extenderá desde Paraíso de Cartago hasta la ciudad de Alajuela. Esto dará lugar a problemas urbanos, los cuales el país no está totalmente preparado para solucionar, ni desde el punto de vista administrativo ni desde el social y financiero, como consecuencia de la falta de una política orgánica de planificación regional.
Desarrollo regional, servicios públicos e infraestructura
Finalmente, deben tenerse presentes otros problemas relacionados con el desarrollo regional, como el suministro de servicios públicos e inversiones de infraestructura a una población muy esparcida. Se requiere un tamaño mínimo de ciudades para para poder suministrar eficientemente servicios como educación, salud y mercados. La concentración de la población en centros urbanos presenta economías de escala importantes, las cuales habría que explotar al máximo antes de que deseconomías tales como contaminación y hacinamiento las sobrepasen. En este sentido, es positivo el proceso que se ha iniciado en el país para fortalecer ciudades como Liberia, Nicoya, Ciudad Quesada, San Isidro de El General y Guápiles, las cuales pueden constituirse en polos de crecimiento regional donde se concentren ciertas actividades manufactureras, de comercialización y servicios públicos para esas zonas.
Desocupación
Uno de los problemas más graves que deberá afrontar el país en lo futuro es la desocupación. Por una parte, la fuerza de trabajo crecerá a más del 3,5% anual en los próximos diez años, y, por otra, algunas de las actividades que más se desarrollarán en lo futuro —carne, industrias manufactureras para la exportación y minería— exigen mano de obra en proporción bastante menor que los sectores más tradicionales. Es necesario, por lo tanto, tratar de aumentar rápidamente la proporción del ingreso que el país destina a la inversión, ofreciéndoles mayores incentivos de ahorro a los grupos de ingresos medios.
Oportunidades y planificación
Los problemas anteriormente expuestos son característicos de una sociedad en proceso de crecimiento. Para vencerlos, debemos aprovechar en forma racional y coherente las oportunidades que se nos presentan. Ello implica un esfuerzo de organización y la necesidad de establecer prioridades. Esto es imposible de lograr, si no existe un proceso de planificación. Y el Sistema Bancario Nacional no debe ser ajeno a dicho proceso.