Oscar Arias Sánchez
Ex Presidente de la República
El maniqueísmo político en que hemos caído y la cantidad innumerable de controles y regulaciones que entorpecen la labor del gobierno, nos tienen envueltos en una guerra inútil de acusaciones, paralizados por el miedo a que tomar decisiones nos depare nuevos enemigos, y debatiendo sobre todo menos sobre el desarrollo y la competitividad del país. Nos hemos sumido en una lógica perversa, conforme con la cual primero se dicta sentencia y después se leen los cargos; primero se tira la piedra y después se comprueba si la persona tenía, en efecto, alguna culpa que mereciera castigo.
La democracia significa, sin duda alguna, escrutinio público. Quien asume el poder, o lo ha dejado, debe estar consciente de esto. Lo que no se puede aceptar es que ese escrutinio sea llevado hasta el punto de manchar, sin prueba alguna, el buen nombre de una persona. Bien nos convendría recordarle a los costarricenses aquella penitencia que, en el siglo XIV, San Felipe Neri imponía a los novicios culpables de difundir rumores maliciosos sobre otras personas: la de llevar una almohada de plumas a la parte alta del campanario en un día de vendaval, soltar las plumas al viento, y luego recoger todas las plumas regadas por la campiña para volverlas a poner en la almohada; tarea de antemano imposible. Los daños producidos a las honras ajenas por una acusación falsa, por un escándalo fundado en la calumnia, o por la deformación de las palabras y los hechos, son simplemente irreparables.
No podemos seguir transitando por la historia destruyendo todo lo que, por uno u otro motivo, criticamos; y sobre todo, no podemos continuar buscando unanimidad en la aprobación de las acciones gubernamentales. Quizás el más palpable de ese ensañamiento político en que hemos caído, es la frecuente creación, por parte de la Asamblea Legislativa, de comisiones para llevar a cabo investigaciones, o mejor dicho inquisiciones, que desvían la atención de lo que debe ser nuestra principal preocupación: la construcción de una Costa Rica que le resuelva los problemas y las angustias a millones de costarricenses. El control político es importante, pero no es lo único que la Asamblea Legislativa debe hacer. Se nos olvida que la razón de ser del Poder Legislativo es legislar y dotar al país de normas claras que propicien un mayor desarrollo. Sus funciones no son las de la CIA, ni las del FBI, ni las de la KGB, ni las Scotland Yard, ni las de la INTERPOL. El Estado costarricense tiene definidas las funciones de cada institución. Las labores investigativas las realiza primordialmente la Contraloría, la Procuraduría, el Ministerio Público y el OIJ.
Nuestro Estado se ha convertido en un Estado que privilegia el control sobre la ejecución. Hemos expandido exponencialmente las libertades, sin comprender que con los derechos vienen siempre las obligaciones. Como resultado, nadie en Costa Rica se hace responsable por sus actos. Sumado a esto, tenemos toda una fauna y flora de criterios disfrazados con el calificativo de “técnicos” y definitivamente contradictorios, que permiten que cualquier funcionario pueda encontrar argumentos para objetar una política del gobierno. Se trata simplemente de mandos medios, en todos los Poderes de la República, que por razones ideológicas impiden que ciertas políticas se ejecuten, que ciertos proyectos se realicen y que ciertas decisiones se acaten. Uno no concibe en Inglaterra que un “civil servant”, o funcionario público, obstaculice la labor del gobierno porque se opone ideológicamente. En ese país, las políticas del gobierno son acatadas, independientemente de que provinieran de un gobierno conservador como el de Winston Churchill, de uno socialista como el de Clement Attlee, de uno ultraconservador como el de Margaret Thatcher, o de un gobierno socialdemócrata como el de Tony Blair. En cambio, en Costa Rica hemos asumido como natural que sea válido, o incluso encomiable, impedirle a un gobernante que cumpla sus promesas.
Hemos permitido que el control se vuelva un objetivo en sí mismo, convirtiéndose en un obstáculo para que las cosas se hagan, impidiendo que este sea un país gobernable. Entre los años 1998 y 2009, la gran mayoría de países latinoamericanos mejoraron o matuvieron sus índices de gobernabilidad, según los indicadores que utiliza el Banco Mundial para medir esa cualidad. Ahora bien, sólo en 3 países de América Latina la gobernabilidad se deterioró progresivamente en ese mismo periodo: Venezuela, Bolivia y Costa Rica. ¡Vaya club al que hemos ingresado!
Si queremos revertir esta tendencia es urgente que se reforme el Reglamento Legislativo, fijando plazos perentorios para la aprobación de leyes y dándole al Poder Ejecutivo una mayor participación en la elaboración de la agenda legislativa. Con motivo del debate sobre la reducción del déficit llevado a cabo en el Congreso de los Estados Unidos, tanto los demócratas como los republicanos se pusieron de acuerdo en crear una comisión que deberá proponer, para el 23 de noviembre de este año, una nueva disminución del gasto, a fin de que las dos Cámaras del Congreso aprueben la propuesta antes de Navidad. Estoy seguro de que si en Costa Rica establecemos una comisión similar para aprobar legislación urgente, con la incapacidad de nuestros legisladores para llegar a acuerdos, quizás esa aprobación la podamos tener el 23 de noviembre… pero del 2021, para celebrar así el bicentenario de nuestra independencia. . No hay nada de loable en condenar a nuestros hijos a un futuro peor del que pudieron haber disfrutado.
Requerimos también mejorar nuestra infraestructura y necesitamos con urgencia una mayor inversión privada en el sector eléctrico de energías renovables. Un artículo publicado en este periódico el pasado domingo 7, decía que: “Tarifas de luz subirán a fin de año por mayor gasto en combustibles”. Eso es un hecho, no es ninguna invención. A pesar de ello, llevamos 15 meses sin poder aprobar legislación que incentive la inversión privada en la generación de energías renovables, simplemente porque un grupo de diputados se opone a esos proyectos de ley. Es por esa razón que algunos empresarios costarricenses se fueron a invertir a otros países centroamericanos. Al final, la falta de reglas claras en el sector resultará en el encarecimiento de las tarifas para todos los costarricenses. Al respecto, siempre he pensado igual que mi buen amigo Felipe González, Ex presidente Socialista de España, cuando señala que al ciudadano no le interesa quién le preste el servicio, sino que se lo presten con eficiencia, con rapidez, que sea barato y de buena calidad.
El Estado debe otorgarle a los empresarios, nacionales y extranjeros, la certeza de que hay claridad en las reglas del juego y que, obedeciendo las leyes y cumpliendo con los requisitos, no se verán afectados en su derecho a hacer negocios. Nuestras instituciones tienen ante sí el reto de generar una mayor seguridad jurídica, que no es otra cosa más que la protección de la confianza. Cada empresario que decide invertir en Panamá o en Chile, porque considera que en esas naciones las reglas son más estables y más claras, no habla muy bien de nuestro sistema democrático de toma de decisiones; cada expansión industrial o comercial que se pone en pausa mientras se espera, durante años, una resolución judicial, significan personas de carne y hueso que no pueden acceder a un trabajo, que no pueden comprar comida, que no pueden pagar sus préstamos de vivienda o de educación. Significan personas que no reciben los frutos de la democracia. Nuestro país, tan admirado por su Estado de Derecho, por su paz, por su democracia, por su tolerancia, no puede quedarse al final de la carrera del mundo.